El Gobierno español está impulsando la reforma de la ley de universidades, después de veinte años de vigencia de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Entre las novedades del texto destaca la apuesta por la “equidad de género” en las universidades a través de la incorporación de distintas medidas. En este post de Conversia explicamos cuáles son.

La ley incluye medidas para garantizar la igualdad de género

El Ministro de Universidades, Manuel Castells, quiere que la próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) lleve su nombre. En la actualidad, ya se han realizado las primeras lecturas del borrador de la normativa y tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, como sindicatos de estudiantes, están presentando alegaciones al texto, que presenta importantes novedades, como la desaparición de la referencia a la figura del Rey en la expedición de los títulos  o la introducción de la “equidad de género”.

En este sentido, el borrador de la LOSU prevé que las universidades deberán reservar “recursos suficientes» para poner en marcha «unidades de igualdad y de diversidad». Asimismo,  se tendrá que garantizar la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados y contar con planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos; protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios. También se deberán implementar «acciones positivas» en concursos de selección y garantizar una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, establecer medidas de conciliación, y apostar por el «impacto de género del presupuesto universitario».

Finalmente, la “Ley Castells” prevé que las universidades tengan que impulsar proyectos científicos con perspectiva de género, al mismo tiempo que deban apostar por la paridad en los equipos de investigación, con el objetivo de que se incremente el número de mujeres investigadoras principales en las universidades. Para lograrlo, el texto recoge que «se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate».

Más mujeres estudiando, menos ocupando altos cargos

Este último punto es uno de los que causa más controversia del texto. En este sentido, resulta muy interesante el artículo que publicaba hace unas semanas el diario El Mundo. A pesar de que la mayoría de los estudiantes universitarios son mujeres (58% de los titulados), su presencia va disminuyendo a medida que aumenta el rango académico, de modo que, en la actualidad, solo 10 de las 50 universidades públicas españolas están lideradas por rectoras, la mayor parte de les cuáles apoyan la discriminación positiva que establece la “Ley Castells”.

La LOSU, que aún tiene un largo recorrido antes de ser aprobada definitivamente, se convertirá en la tercera gran modificación del sistema universitario español desde la democracia.

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