La Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento Emprendidas («Crea y Crece»), que entró en vigor el octubre de 2022, incluye la obligación de la facturación electrónica para empresarios y profesionales. Además, entre los objetivos de la normativa, está facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos de regulación, luchar contra la morosidad e impulsar el crecimiento y la expansión.

La facturación electrónica acabará con los formatos tradicionales usados para la emisión de facturas, como Excel o Word. Además, las facturas en papel también desaparecerán. Con esta novedad, se busca luchar contra la morosidad, mejorando la eficiencia y la transparencia en las transacciones comerciales. A continuación, te explicamos los aspectos clave de esta nueva regulación.


¿Qué establece la nueva normativa sobre la Factura Electrónica?


La Ley Crea y Crece impone la obligatoriedad de utilizar un formato específico para la facturación electrónica, dejando atrás métodos comunes como documentos de Word, Excel y PDF. Estos formatos, aunque populares, carecen de los estándares de seguridad y de intercambio de datos necesarios para cumplir con los requisitos de la nueva regulación.


¿Cuál es el nuevo formato exigido que debe seguir la Factura Electrónica?

El Gobierno ha establecido que las facturas electrónicas deben seguir un estándar estructurado, que garantice la interoperabilidad entre diferentes sistemas y que facilite su automatización. Entre los formatos propuestos se encuentran XML CII, Facturae de la AEAT, UBL (Universal Business Language), EDIFACT (norma ISO 9735), los cuales son ampliamente utilizados en el entorno empresarial europeo y aportan los requisitos de seguridad y trazabilidad que demanda esta nueva legislación.

La factura electrónica obligatoria se suma a otras novedades legislativas relevantes en materia de facturación, como las que introduce la Ley Antifraude, así como la opción de envío automático de los registros de facturación (conocido como sistema Verifactu, orientado a garantizar la seguridad, confiabilidad y cumplimiento de las transacciones comerciales dentro del marco legal vigente).

Objetivos de la medida

  • Transparencia: al unificar los formatos de facturación, se busca mejorar la transparencia en las relaciones comerciales, facilitando el seguimiento de las transacciones.
  • Eficiencia: la adopción de formatos estandarizados permite una mayor automatización en los procesos contables, lo que se traduce en una reducción de errores y tiempos de procesamiento.
  • Competitividad: esta medida pretende también alinear a España con otros países europeos que ya han adoptado sistemas de facturación electrónica estandarizados, mejorando la competitividad de las empresas españolas en el mercado global.


Plazos de implantación

La obligación de facturar electrónicamente entre empresarios y profesionales establece un plazo de adaptación de un 1 año desde la aprobación de ese Real Decreto para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8.000.000 de euros. Para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones inferior a 8.000.000 de euros, el plazo es de 2 años desde la aprobación de ese Real Decreto. Esto afectará directamente al 93,15% de pymes con menos de diez empleados que forma el tejido industrial en España, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Esta nueva obligación empresarial se encuentra a la espera de la aprobación de este Real Decreto, por el que se desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Las empresas deberán adaptarse a estos cambios, expidiendo facturas electrónicas conforme a la normativa, además de utilizar sistemas de facturación que cumplan con la Ley Antifraude y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 1007/2023.  Aunque este proceso podría suponer un esfuerzo inicial en términos de adaptación y coste, se espera que a largo plazo las ventajas en términos de eficiencia operativa compensen con creces la inversión.


Implicaciones en materia de protección de datos

La expedición de facturas electrónicas conforme a la normativa, así como utilizando sistemas de facturación que cumplan con la Ley Antifraude y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 1007/2023, tiene que asegurar la confidencialidad de los datos, con independencia de los pactos establecidos con los empresarios y profesionales, disponiendo de medidas de seguridad para evitar brechas de información.