A partir del 7 de julio de 2027, las empresas europeas estarán obligadas a revelar información detallada sobre las brechas en la retribución salarial de su personal, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023. El objetivo es garantizar la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esta normativa exigirá que las compañías proporcionen datos desglosados por género y categoría profesional, permitiendo a los trabajadores/as conocer los salarios medios de sus compañeros/as en roles equivalentes.

En el caso de las organizaciones con más de 249 trabajadores la obligación de facilitar esta información se cumplirá anualmente, mientras que en las empresas con menos personal la obligación será cada tres años.

Brecha de género en la retributición salarial

Además, las empresas deberán justificar cualquier diferencia salarial superior al 5% entre hombres y mujeres que desempeñen trabajos de igual valor, siempre que dicha disparidad no esté respaldada por criterios objetivos y neutros en términos de género. En caso de no poder justificar estas diferencias, estarán obligadas a implementar medidas correctivas para garantizar la equidad retributiva.

La directiva también prohíbe a las compañías, que deberán facilitar los rangos salariales en las ofertas de empleo, indagar sobre el historial salarial de los candidatos durante los procesos de selección, con el objetivo de prevenir la perpetuación de desigualdades salariales basadas en remuneraciones anteriores. Asimismo, las personas trabajadoras tendrán derecho a demandar información sobre los criterios utilizados para determinar la retribución de los trabajadores, los niveles retributivos y la progresión retributiva.

Discriminación en la retribución salarial por razón de género

Al amparo de esta nueva Directiva, aquellas personas que sufran una discriminación retributiva por razón de género tendrán derecho a recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas o los pagos en especie correspondientes.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea para promover la transparencia salarial y reducir la brecha de género en el ámbito laboral, que en 2020 se situaba en un promedio del 13% en toda la UE.

Los Estados miembros de la UE tienen hasta junio de 2026 para transponer esta directiva a sus legislaciones nacionales, lo que permitirá que las empresas se preparen y adapten sus sistemas internos para cumplir con las nuevas obligaciones antes de la fecha límite en julio de 2027.