El teletrabajo, a día de hoy, es una realidad establecida en la mayoría de las empresas. Sin embargo, hay sectores, como la hostelería, cuyo trabajo es de cara al público el 100% de su jornada, a los que les resulta imposible realizar esta práctica laboral. Así mismo, para algunos otros sectores, el trabajo desde casa puede suponer una alternativa de doble filo. Sigue leyendo este post de Conversia para saber a qué nos referimos.

¿Trabajar en la oficina o desde casa?

Antes de la pandemia, en España, trabajar a distancia era algo inusual. Pocas empresas se acogían a esta medida de conciliación familiar, y las que lo hacían tenían un perfil más tecnológico que permitía a su personal hacer las tareas propias de su jornada laboral desde su hogar. Con la llegada del Covid-19 todo esto cambió y la pandemia impuso una nueva recomendación para todas aquellas organizaciones que pudieran continuar con su negocio sin tener que mover a su plantilla hasta una oficina. Como consecuencia, los empresarios se dieron cuenta de que el teletrabajo beneficiaba tanto a la empresa como al trabajador, puesto que la primera podía seguir con el buen funcionamiento de su entidad, mientras que el segundo tenía mayor flexibilidad para poder realizar su trabajo.

Implantación del teletrabajo en la Administración Pública

En 2020, durante la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, el Gobierno, junto a las Comunidades Autónomas, los sindicatos y la FEMP, acordaron la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Por aquel entonces, se establecieron una serie de condicionantes para desarrollar dicha normativa:

  • El teletrabajo sería voluntario y reversible, supeditado a que se garantizase la prestación de los servicios y solo en aquellos puestos de trabajo susceptibles de poder trabajar en esta modalidad, previa solicitud y autorización.
  • Cada departamento ministerial u organismo público debía efectuar un estudio previo de los puestos que pudieran ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación.
  • El personal que prestase sus servicios mediante esta modalidad tendría los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el personal en modalidad presencial. Incluyendo la misma protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.
  • El acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo se debía realizar a través de convocatorias públicas de forma periódica o a través de gestión permanente de solicitudes en condiciones de igualdad.
  • Los solicitantes debían encontrarse en servicio activo, teniéndose en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia de género.
  • La Administración proporcionaría para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación.
  • La modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistiría en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo.
  • Se podría articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura.

¿Cuáles son las nuevas condiciones para los funcionarios en 2022?

Tal y como hemos visto, una de las medidas que se aplicaba en aquella conferencia de 2020 era que la Administración Pública proporcionaría equipos para que los funcionarios pudieran realizar su jornada laboral sin tener que usar sus propios recursos. Sin embargo, según sindicatos y funcionarios, en algunos casos, a día de hoy, esto no se está cumpliendo debido a la falta de recursos de algunos departamentos para dotar a sus empleados de ordenadores y conexión a internet. Algunos funcionarios seguirán teniendo que utilizar recursos propios para poder trabajar a distancia, ya que la AGE se da de margen hasta 2024 para dotar de equipos y conexiones a todos los trabajadores. Además, deberán aplicar las medidas necesarias para evitar que se produzcan brechas de seguridad dentro de la Administración.

El principal punto conflictivo del nuevo marco para la jornada laboral de los funcionarios de la Administración Pública en España es que estos deberán pagar los costes del teletrabajo en los dos primeros años: de 2022 a 2024. ¿Por qué? Pues porque esta nueva medida está incluida dentro del Plan de ahorro y eficiencia energética que prepara el gabinete de la ministra María Jesús Montero. Este plan de ahorro pretende reducir los gastos que soporta la administración por el funcionamiento de sus diferentes centros de trabajo.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han calificado la introducción del teletrabajo en el plan de ahorro de la Administración del Estado como un “parche”.  Miguel Borra, presidente de CSIF, explicó que se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara.

Por otro lado, el Gobierno señala que los funcionarios deberán asegurar un mínimo de presencialidad en sus puestos de trabajo para atender a todo el mundo y evitar que se replique una situación parecida a la de las oficinas bancarias, cuya disminución de oficinas ha dado lugar a una revuelta por parte de personas mayores que reclaman mejor atención.