Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac

Notarios ecanjando manos denuncias SepblacHace unos meses en este blog de Conversia contábamos que los notarios españoles habían creado un registro para que las autoridades policiales y judiciales pudieran vigilar de cerca a cargos públicos para acabar con la corrupción. Este registro permitía una observación más directa, facilitando el día a día de los notarios, los cuales deben interponer denuncias en caso de detectar indicios de fraude en materia de blanqueo de capitales.

Muchas herramientas y la obligación de denunciar

A pesar de las numerosas herramientas creadas por parte del Consejo General del Notariado Español, los notarios españoles siguen teniendo la obligación de remitir al Sepblac denuncias cuando se aprecien indicios de delito de blanqueo de capitales. En este sentido, los notarios españoles han remitido más de 5.000 notificaciones de operaciones sospechosas de blanqueo al Sepblac durante el período comprendido entre 2005 y 2017.

En la actualidad, los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para llevar a cabo tal cometido, los notarios disponen de varios órganos y herramientas.

Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP).

Creado en 2005 por el Ministerio de Economía, dentro del Consejo General del Notariado. Su función principal es colaborar con las autoridades para combatir la delincuencia económica, es decir, responde a las solicitudes de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales. Los técnicos del OCP reciben alertas y avisos de los 2.800 notarios sobre operaciones sospechosas y estas son rastreadas e investigadas exhaustivamente. Asimismo, también analizan y cruzan datos que han sido volcados previamente por los notarios españoles en el Índice Único Informatizado Notarial.

Desde su creación, el OCP ha remitido al Sepblac más de 5.000 denuncias de operaciones en las que se han detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

  • Índice Único Informatizado Notarial:

El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, solo por detrás de la de la Agencia Tributaria. De este derivan dos grandes herramientas: 

  • Base de Datos de Titular Real

Creada en 2012, su principal objetivo es identificar quién se encuentra detrás de las sociedades, un dato relevante para luchar contra el blanqueo de capitales ya que muchas veces se utilizan testaferros y sociedades pantalla.

En esta base se identifican los titulares reales de más de 2.000.000 sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. En estos cinco años, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley han solicitado cerca de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales, correspondientes a cientos de miles de sociedades y organizaciones identificados en esta base.

  • Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública

Esta base tiene identificadas a más de 25.000 personas: cerca de 15.000 son personas de responsabilidad pública por elección o por designación (altas instituciones del Estado; Gobierno y Administración Central; Comunidades Autónomas; Administración Local y directivos de empresas públicas) y 10.000 son allegados a estas personas, ya sea por relaciones personales o por negocios.

  • Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).

Entró en funcionamiento el año 2007 con el objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal. Con este órgano, el notariado español estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando datos e información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. Mensualmente, el OCT traslada a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria que no hubiesen sido comunicadas, así como también aporta información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.

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