La pandemia trajo consigo la expansión de la modalidad del teletrabajo. Fue una necesidad provocada por la situación sanitaria, siendo una medida impuesta por el Gobierno para frenar los contagios a causa del coronavirus.  

El confinamiento nos llevó a comunicarnos a través de la pantalla, no solo en el ámbito laboral sino también en el personal. Empezamos a utilizar plataformas como Zoom o Teams como una herramienta básica de comunicación a nivel laboral. Los comerciales dejaron de hacer visitas y se encerraron en sus despachos a agendar citas online con sus clientes. No hubo tiempo de adaptación. Muchas compañías no estaban preparadas para el teletrabajo y tuvieron que esforzarse (sobre todo su equipo informático) para habilitar el correcto funcionamiento de las conexiones en remoto garantizando la seguridad de la red.

Tampoco existían sistemas de control para vigilar el cumplimiento de la jornada laboral. Este control ha llevado a situaciones polémicas entre empresarios y trabajadores. Es el caso de una empresa de software con sede en Estados Unidos (Florida) que ha sido sancionada por despedir a un trabajador, tras haberse negado a dejar su cámara web encendida durante toda la jornada laboral.

El trabajador que acabó denunciando a la empresa desarrollaba su trabajo desde los Países Bajos y fue invitado a participar en un programa de capacitación virtual denominado “acción correctiva” que incluía mantener la webcam de su ordenador encendida durante toda la jornada laboral, además de compartir pantalla. El trabajador se negó a hacerlo, alegando que la empresa estaba atentando contra su privacidad.

Sentencia ejemplarizante en relación al teletrabajo

Un  Tribunal de los Países Bajos acaba de dictaminar que “la instrucción de dejar la cámara encendida es contraria al derecho del empleado al respeto de su vida privada” y ha condenado a la empresa al pago de una sanción por despido injustificado de 75.000 euros, desglosados en 50.000 euros de multa más sus costes judiciales y los salarios atrasados, así como la orden de eliminar su cláusula de no-competencia. El juez consideró que el seguimiento a través de la cámara tantas horas por día es desproporcionado y no está permitido, conforme a la normativa para la protección de los derechos y las libertades fundamentales. “La videovigilancia hacia un empleado es una intrusión considerable a su vida. Por tanto, es ilegal”, sentenció el Tribunal.

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