El brote de listeriosis surgido en España entre finales de agosto y principios de septiembre ha constatado cómo de fundamental es que las empresas cumplan con todas las normativas aplicables en su sector. Asimismo, también ha evidenciado la importancia de que las compañías cuenten con sistemas de prevención de riesgos penales a raíz de la reforma del Código Penal de 2010 que introdujo la responsabilidad penal para las personas jurídicas. En este post de Conversia te explicamos las consecuencias penales que podrían tener las empresas involucradas en el brote de listeriosis.
¿Desde cuándo las empresas tienen responsabilidad penal?
Una de las noticias más destacadas de este verano ha sido la detección del brote de listeriosis que ha provocado el fallecimiento de tres personas, el aborto de siete mujeres embarazadas y la infección de más de doscientas personas que dieron positivo en esta bacteria. Varias empresas se encuentran detrás de esta intoxicación que se ha propagado a través de la carne mechada. Pero, ¿qué responsabilidad tienen estas compañías? ¿A qué penas se enfrentan?
Las empresas del sector alimentario están sujetas a numerosas normativas, tanto autonómicas y nacionales, como comunitarias, para garantizar la calidad de los productos que producen y comercializan. De igual forma, estas compañías también deben cumplir con otras leyes de carácter más general, como fiscales, laborales, mercantiles o medioambientales o el Código Penal, entre otras. En este sentido, y como hemos contado en otras ocasiones en este blog de Conversia, desde la reforma del Código Penal de 2010, el ordenamiento jurídico español introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto implica que las empresas se convirtieron en penalmente responsables de los delitos cometidos (en su nombre o por su cuenta) por sus representantes legales y administradores, así como por aquellas personas que, estando sometidas a su autoridad, no se haya ejercido sobre ellas el debido control.
Cinco años después, en julio de 2015, entró en vigor otra reforma del Código Penal que contemplaba la posibilidad de que las empresas quedaran exentas de esa responsabilidad en caso de disponer de un programa de prevención de riesgos penales.
¿A qué penas se enfrentan las empresas causantes del brote de listeriosis?
Será la investigación la que determinará si existe responsabilidad penal por parte de las empresas cuyos productos han causado los brotes de listeriosis, en función de si ha habido incumplimiento normativo que haya provocado este daño a la salud pública, incurriendo un delito contra la seguridad alimentaria. La legislación española establece que los supuestos de mayor gravedad que pongan en riesgo la salud pública tendrán que ser castigados penalmente, mientras que en otros casos de menor gravedad será suficiente la sanción administrativa.
Los artículos 363 a 365 del Código Penal están dedicados a los delitos contra la salud pública. En referencia a las posibles implicaciones penales que puede tener un caso de intoxicación alimentaria, el Código Penal establece la “pena de prisión de uno a cuatro años o la multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores”. Asimismo, el Código Penal también contempla penas de prisión de dos a seis años para “el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, refiriéndose expresamente a las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.
El artículo 366 hace referencia a la pena que se impondría a las personas jurídicas, una “pena de multa de uno a tres años, o del doble al quíntuplo del valor de las sustancias y productos alimenticios causantes del daño, o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada”.
Asimismo, si se determinara que existe responsabilidad penal, las compañías podrían enfrentarse también a la propia disolución, la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales y establecimientos, la prohibición de realizar en el futuro actividades dentro del sector alimentario, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y gozar de incentivos fiscales o la intervención judicial de la empresa.
Programa de prevención de riesgos penales
Como hemos explicado al principio de este post de Conversia, la exención de esta responsabilidad penal solamente se puede producir en caso de disponer de un programa de prevención de riesgos penales. Este programa debe contar con una serie de actuaciones principales por parte de la empresa:
- Diseñar un mapa de riesgos, realizando un análisis de los riesgos existentes para determinar los posibles delitos que puedan producirse en el seno de la empresa.
- Redacción del programa de PRP, es decir, del conjunto de normas, procedimientos y herramientas establecidas en la empresa para evitar el incumplimiento de la normativa legal con relevancia penal aplicable a la compañía y a su personal.
- Implementación del programa de PRP, así como supervisarlo y actualizarlo periódicamente.
- Creación del canal ético, es decir, aquellos canales de denuncias para comunicar el incumplimiento de las normas internas de la empresa o bien conductas ilícitas o ilegales.
Por tanto, es necesario para todas las empresas el diseño e implementación del programa de prevención de riesgos penales. Desde Conversia ofrecemos el servicio de asesoramiento en esta materia, que cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para evitar la responsabilidad civil y laboral de la compañía y de los directivos y administradores de la misma, que se produce cuando existe un delito en su seno, o realizado por uno de sus empleados. Nuestro servicio también incluye Asesoramiento jurídico, Defensa Jurídica y Seguro de Responsabilidad Civil. Para más información puedes consultar la página web de Conversia.
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