El Gobierno ha publicado el pasado 21 de febrero la nueva ley que regula la protección de los denunciantes/informantes (Ley 2/2023) y que exige a las empresas de más de 50 personas trabajadoras y del sector público a tener un canal interno de denuncias, conforme a la directiva europea conocida como “whistleblower”.

La normativa ampara la figura de los informantes contra posibles represalias, garantizando la protección y confidencialidad absoluta en el proceso. La nueva legislación afecta a todas las entidades jurídicas de los sectores público y privado. Para ello será necesario la implantación de un sistema de información seguro, legal, independiente y que proteja la confidencialidad del informante de represalias.

Requisitos del canal de denuncias

A través del canal de información interno, se podrán denunciar prácticas irregulares que pueden estar sucediendo en el seno de la organización, como situaciones de acoso laboral, actividades de corrupción o delictivas, vulneración de códigos éticos o de conducta, etc. Las empresas que tengan entre 50 y 249 empleados y los municipios de menos 10.000 habitantes tendrán hasta el 1 de diciembre para crear su canal de denuncias, el resto de entidades del sector privado y las Administraciones Públicas contarán con un plazo de entrada en vigor de 20 días (hábiles) desde su publicación en el BOE, es decir, el 21/03/2023. Los sujetos obligados tienen un plazo de adaptación para aplicar las medidas de la normativa de 3 meses desde la entrada en vigor, lo que sitúa su cumplimiento a más tardar el 13/06/2023.  Excepcionalmente, las entidades privadas con entre 50-249 personas trabajadoras y entidades locales de menos de 10.000 habitantes podrán implementar medidas a más tardar hasta el 1/12/2023.

Los sistemas de información internos deben cumplir ciertas exigencias:

  • Uso asequible
  • Garantías de confidencialidad
  • Prácticas correctas de seguimiento
  • Investigación y protección del informante
  • Acuso de recibo, por parte de la empresa u organización, en un plazo de 7 días, a partir de la recepción de la información
  • Feedback sobre la resolución de la investigación llevada a cabo en los 3 meses siguientes a haber interpuesto la denuncia

Además, el órgano de administración u órgano de gobierno de cada compañía designará a un responsable de la gestión del canal de denuncias que deberá desarrollar sus funciones de forma independiente respecto del resto de los órganos de la entidad.

El texto contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros en los casos más graves, además de otro tipo de sanciones como amonestaciones públicas, la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración Pública.