La expresión “blanqueo de capitales” nació a principios de siglo XX en Estados Unidos, cuando las mafias y gánsters que se dedicaban a las drogas, la prostitución, al contrabando, al crimen organizado y a las armas empezaron a crear negocios que les permitieran realizar “ventas ficticias” para obtener dinero en efectivo sin demasiados problemas. De este modo, decidieron apostar por negocios del sector de la limpieza, abriendo lavanderías y túneles de lavado de coches. La finalidad era mezclar los fondos legales con los ilegales y declarar todos los ingresos como si fuesen ganancias de su actividad legítima.
¿Es lo mismo blanqueo de capitales y fraude fiscal?
Blanqueo de capitales y fraude fiscal no es lo mismo. El blanqueo de capitales corresponde al hecho de obtener dinero del ejercicio de actividades ilegales, como por ejemplo tráfico de drogas, prostitución o compra-venta de armas y, a través de distintas acciones, convertir este dinero procedente de actividades ilegales en dinero de curso legal.
En cambio, el fraude fiscal es la vulneración de las normas tributarias del país donde está fijada la residencia fiscal de la empresa o persona en cuestión, de manera que el sujeto no declara los ingresos y/o no paga los impuestos que corresponden al país de origen.
El problema de confundir ambos términos proviene de que, muchas veces, para ambas acciones se utiliza un mismo mecanismo: recurrir a un paraíso fiscal.
¿Es ilegal tener dinero en un paraíso fiscal?
En principio, tener dinero en un paraíso fiscal no implica que se esté cometiendo un delito, ya que todo el mundo puede guardar su dinero dónde quiera. Además, el Tratado de la Unión Europea alberga el Principio de libertad de circulación de capitales por el cual “se prohíben la restricción a la libertad de circulación de capitales y a los pagos efectuados entre estados miembros y terceros países”.
Sin embargo, la ilegalidad se presenta en el caso de que el dinero depositado en el paraíso fiscal se haya obtenido de forma ilegal o si se han creado sociedades pantalla en el paraíso fiscal con el fin de evitar pagar los impuestos del país donde está fijada la residencia fiscal.
Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo
En España, la legislación vigente en materia de Blanqueo de Capitales es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, que entró en vigor el 30 de abril de 2010. Esta establece una serie de obligaciones para las empresas, entre las cuales destacan:
- Control por parte de la Agencia Tributaria: la AEAT podrá requerir y obtener información del cumplimiento de las medidas de diligencia debida a las empresas.
- Implantación de medidas de alerta: aplicación de actuaciones específicas orientadas a detectar operaciones sospechosas.
- Identificación formal de los clientes: obligación de identificar a todo aquel que quiera realizar operaciones o negocios superiores a 1.000€.
- Examen especial de análisis: definir un procedimiento estructurado de expedientes de análisis, con más trámites que impactan en la operativa de la entidad.
- Seguimiento continuo de la relación de negocio: revisión periódica, mínimo anual de la documentación obtenida para detectar la existencia de posibles riesgos y garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida.
- Análisis de riesgo como enfoque global: todo el sistema definido por la entidad, desde la fase inicial, debe estar basado en un informe de exposición al riesgo.
El no cumplimiento de lo establecido por la ley puede provocar sanciones del 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1,5 millones de euros. En Conversia disponemos de un servicio de adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir los diferentes tipos de sujetos obligados a la LPBC.
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