Todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras están obligadas a cumplir con el Plan de Igualdad y, por tanto, tenerlo registrado adecuadamente. También tienen este compromiso las compañías en cuyo convenio colectivo así esté establecido. Esta medida es obligatoria desde marzo del año pasado.

Aquellas empresas que no dispongan de un Plan de Igualdad no podrán acceder a bonificaciones del estado por contratación, al ser requisito indispensable para optar a estas ayudas. Con la obligatoriedad de realizar estos planes, las compañías deberán registrarlo en el Registro Público de Conformidad para poder acceder a las ayudas específicas. Además, estas empresas podrán perder las ayudas concedidas si, por ejemplo, no mantienen el empleo de aquellas personas que hayan sido contratadas mediante las bonificaciones. Deben mantener el empleo de los contratos bonificados durante un mínimo de tres años.

El Gobierno aprobó, el pasado mes de enero, un nuevo Real Decreto Ley, con las nuevas ayudas e incentivos para contratar (Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero) que pueden suponer un ahorro en las cuotas a la Seguridad Social de entre 1.500 – 3.300 euros por persona trabajadora. El decreto ley aprobado entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023con el objetivo de que las empresas y organismos de empleo tengan tiempo a adaptarse.

Incumplimiento de implantación

El número de sanciones impuestas a empresas por incumplir el plan de igualdad se han multiplicado por siete en el último año, según los datos publicados por Inspección de Trabajo. Hasta el mes de noviembre de 2022, las multas ascendieron a 2,3 millones de euros y se estima en un 70% el porcentaje de compañías que no cumple con la legislación en materia de igualdad. La cifra de personas afectadas por las infracciones asciende a cerca de 229.000 personas trabajadoras, según refleja la Inspección. Cabe recordar, que el incumplimiento de la obligación de tener un Plan de Igualdad está calificado como una infracción muy grave prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social., que puede ser sancionada con multas de hasta 225.018 euros.

Ante esta situación, la Inspección de Trabajo ha marcado como eje prioritario en su plan estratégico anual, los planes de igualdad y no discriminación. 

Según los datos recabados por la Seguridad Social, el endurecimiento de las inspecciones de trabajo ha provocado que la exigencia por cumplimentar los planes de igualdad se reactive, sobre todo ahora que es requisito indispensable para acceder a las nuevas bonificaciones.