Prevención de Riesgos Penales, un tema a tomarse muy en serio

Hombre con un papel en blanco trazando el plan de prevención de riesgos penalesEl Tribunal Supremo ya ha dictado dos sentencias en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, durante el 2016

Un año después de la reforma del Código Penal de Julio de 2015, ya podemos contabilizar dos sentencias del TS en materia de responsabilidad penal, la primera, por un caso de tráfico de drogas, se publicó en febrero y la segunda en marzo. En esta última, en la que una empresa inmobiliaria fue condenada por un delito de estafa, el Tribunal rechazó que el proceso penal discurriera con una doble vía probatoria: una, la prueba de la acción de la persona física y otra, la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Esta normativa, por lo que a responsabilidad penal respecta, establece los criterios que deben seguir las empresas para prevenir la comisión de delitos en su seno, perpetrados bien por sus administradores y representantes legales, bien por sus directivos y empleados.

¿En qué medida responden las empresas de dichos delitos?

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, incorporó en nuestro ordenamiento jurídico penal una de las reformas más relevantes de los últimos tiempos, al reconocer en el nuevo artículo 31 bis del Código Penal (en adelante CP), la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto significa que una persona jurídica (sociedad, empresa, asociación, etc.) sea de la dimensión que sea, y cumpliéndose una serie de circunstancias, puede ser condenada por la comisión de algún delito cometido por alguno de sus integrantes.

Con la entrada en vigor, el 1 de Julio de 2015, de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modificó el Código Penal, se introdujo la novedad de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas siempre y cuando hayan adoptado un Programa de Prevención de Riesgos Penales, que contenga las medidas de control, gestión y supervisión necesarias para evitar la comisión de delitos y/o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

El propio Tribunal Supremo establece en sus sentencias que la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) no puede determinarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a una persona física que desempeñe su actividad en su seno (administradores, empleados, etc.).

En este sentido, las personas jurídicas no pueden ser imputadas penalmente por todos y cada uno de los delitos cometidos, en su beneficio directo o indirecto, por las personas físicas. Por lo tanto, las personas jurídicas sólo responderán cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

¿Qué deben hacer las empresas para evitar el riesgo penal?

Las empresas, sean de la dimensión que sean, deben desarrollar un Programa de Prevención de Riesgos Penales, es decir, disponer de un modelo de organización y gestión como medida preventiva en el plano legal y penal, como garantía para evitar la comisión de delitos y también como medida de buena praxis comercial y competitiva para sus partners, proveedores y clientes.

¿Cómo deben implantar el Programa de Prevención de Riesgos Penales?

Este es un proceso complejo que requiere de unos conocimientos técnicos y legales amplios y muy específicos. Por eso, lo más aconsejable es buscar asesoramiento experto en la materia, como método de garantía para poder desarrollar, organizar e implementar dicho Programa.

La disposición de una política de corporate compliance debería ser ya una prioridad para muchas empresas, es decir, dotarse de un sistema de protección ante posibles riesgos penales, que comprenda la globalidad de procedimientos adoptados por la empresa para identificar y determinar los riesgos a los que se enfrentan, estableciendo mecanismos internos de prevención y gestión de los mismos.

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