Los empleados deben denunciar las irregularidades detectadas en sus empresas

foto ordenadores para ilustrar post de Conversia sobre denuncias trabajadores empresasEl Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Protección a los denunciantes de corrupción o “whistleblowers” con el objetivo de proteger a aquellos trabajadores que presenten denuncias contra la empresa en la que trabajan al detectar que la organización está cometiendo ilegalidades. Te contamos todos los detalles en este post de Conversia.

Denuncias por malas prácticas

El pasado mes de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Protección a los denunciantes de corrupción o “whistleblowers”, una norma que tiene por objetivo blindar laboralmente a los empleados que revelen información interna sobre prácticas fraudulentas de las empresas donde trabajan. De esta manera se pretende evitar posibles represalias como el acoso o el despido en caso de que los empleados interpongan denuncias por malas prácticas.

La Directiva fija que en el periodo de dos años (es decir, antes de mayo de 2021), tanto las empresas privadas de más de 50 empleados o con ingresos anuales superiores a los 10 millones de euros, como las instituciones públicas nacionales y regionales, así como las locales con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación de establecer un protocolo interno de gestión de las denuncias. Las materias susceptibles de ser denunciadas están relacionadas con áreas de competencia europea como el lavado de dinero, la seguridad alimentaria, la protección medioambiental, la seguridad nuclear, la licitación pública, las violaciones de la normativa sobre competencia o del impuesto de sociedades.

Entre las medidas incluidas en la Directiva se encuentra la creación de canales seguros para que los “whistleblowers” puedan denunciar tanto dentro de la organización como a las autoridades. Asimismo, se capacitará a los funcionarios sobre cómo tratar este tipo de denuncias y se proporcionará protección contra cualquier tipo de venganza a los trabajadores para evitar que sean suspendidos, degradados, intimidados o despedidos, entre otras. También, los Estados miembro deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponible, así como a asistencia jurídica, apoyo financiero o psicológico en caso necesario.

Controversia sobre el anonimato

En relación con el formato en el que tramitar las denuncias, la Directiva europea fija que deben poder realizarse en todos los posibles: orales, en papel, por vía electrónica, por teléfono o presenciales. Además, establece que la organización deberá responder al informante de su tramitación en un “plazo razonable, no superior a tres meses desde la presentación”.

Uno de los principales debates surgidos a raíz de la implantación de los canales de comunicación es la posibilidad de permitir presentar denuncias anónimas o no. Quienes defienden el anonimato aseguran que muchos delatores se podrían echar para atrás por miedo a dar su nombre. Por otra parte, los contrarios exponen que el anonimato podría ser utilizado para tramitar denuncias falsas que desacrediten a compañeros. Para evitar denuncias falsas o malintencionadas, la Directiva dispone que el empleado debe utilizar en primer lugar los canales internos de denuncia confidenciales establecidos por las empresas y organismos. Si esos canales no son eficientes, el trabajador podrá recurrir a la denuncia pública, teniendo garantizada su protección.

Pérdidas millonarias por falta de “whistleblowers”

Un estudio realizado por la Comisión Europea en 2017 concluyó que, la falta de protección de los “whistleblowers” en el campo de la contratación pública, estaba provocando unas pérdidas en el conjunto de la Unión Europea de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.

El temor a posibles venganzas disuade a los empleados a presentar denuncias. Según datos publicados por la Comisión Europea, un tercio de los trabajadores ha observado conductas inapropiadas en sus puestos de trabajo. Sin embargo, el 59% decidió informar a sus superiores y en un 36% de los casos recibieron algún tipo de represalia por hacerlo.

Actualmente, solo diez países de la Unión Europea (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen una protección jurídica completa para aquellos que deciden denunciar irregularidades en la empresa en la que trabajan. En los demás países, la protección es parcial o se aplica a sectores específicos.

 

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Publicado en PRP