33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros

Imagen de un detenido para ilustrar un post de conversiaLa Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destaca el de blanqueo de capitales. Te contamos todos los detalles de la operación policial en este post de Conversia.

22 expedientes analizados en 17 provincias

La Policía Nacional ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27,5 millones de euros. Durante la operación, bautizada con el nombre de “Pandora”, se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a 17 provincias: Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Girona, Gipuzkoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Los agentes detuvieron a 33 personas por delitos de fraude contra la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y grupo organizado, entre otros. Principalmente, entre los detenidos figuraban responsables de empresas y sus testaferros, algunos de los cuales eran familiares de los primeros.

Creación de entramados empresariales y ocultación de bienes

Las investigaciones empezaron a finales de 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y varios de sus organismos enviaron algunos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Entre las diversas formas de defraudación detectadas se encontraron la creación de entramados empresariales, ocultación de bienes a través de transmisiones sucesivas en la titularidad, rotura de precintos de bienes embargados, denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados, desaparición “fortuita” de esos bienes embargados o venta en negro de los bienes embargados, entre otros. También se detectó la falsificación de certificados de empresas para estar al corriente de pago de las obligaciones con la Seguridad Social para poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones con terceras empresas, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.

Suplantadores de identidad en Maspalomas (Las Palmas)

De entre todos los casos, el que llamó más la atención de la policía fue el de Maspalomas (Las Palmas). Los agentes comprobaron cómo dos ciudadanos españoles suplantaron la identidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria. Ellos mismos se atribuyeron poderes con los que no contaban y obtuvieron autorizaciones en las plataformas RED, CONTRAT@ y CERTIFIC@ para poder tramitar el alta de trabajadores de forma ilícita. Los responsables reales de estas empresas, dedicadas a la asesoría online y al asesoramiento técnico de arquitectura e ingeniería, no estaban involucrados en la trama fraudulenta.

En el transcurso de esta investigación, se detuvieron a 9 personas por la comisión de varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social y se investigaron a otras 11 que se encontraban fuera del país. Asimismo, se solicitó la cuantificación del fraude a los servicios de salud canario, ya que algunas de las “altas ficticias” tenían por objetivo eludir la contratación de seguro médico obligatorio para extranjeros.

Testaferros en Huelva

Otro de los casos destacados fue el de la investigación realizada en la provincia de Huelva a una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero. Ésta se había constituido en 1999 para la explotación de buques de pesca, pero desde el año 2012 se convirtió en deudora de la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros. En 2014 los dueños originales simularon la venta de la compañía a una persona insolvente (testaferro) ante notario, poniendo a salvo sus propiedades (domicilio familiar). Posteriormente, se colocó un segundo testaferro al frente de la empresa, el cual no tenía conocimiento del sector pesquero, contaba con antecedentes policiales y se le vinculaba con centros sociales, atención a toxicómanos y entradas y salidas de prisión. El verdadero dueño de la compra del barco en 2014 era el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

En este caso, la deuda con la Seguridad Social suponía un importe total de casi 130.000 euros.  Esta operación daba continuación a otra investigación realizada en diciembre de 2016, en la que se detuvo a una de estas mismas personas por haber acumulado una deuda con la Seguridad Social de casi 190.000 euros.

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