Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una  estafa de 25 millones de euros

conversia-post-denuncias-deposito-fiscal-unsplash1508253730651A finales del año pasado os informábamos en este blog de Conversia de un caso de blanqueo de capitales que se había detectado sin necesidad de interponer denuncias previas, sino que se había descubierto con un cruce de datos entre distintas administraciones. A diferencia de aquella ocasión, en el post de hoy explicamos un caso en el que fue necesaria la denuncia por parte de la Agencia Tributaria para que la Guardia Civil desmantelara una estructura criminal que llegó a defraudar 25 millones de euros al tesoro público.

La operación “Espíritu” se inició a raíz de una denuncia

En septiembre de 2016, la Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía de Castellón, la detección de movimientos sospechosos en un depósito fiscal de bebidas alcohólicas ubicado en Castellón y regentado por un padre y una hija, que podrían estar incurriendo en un delito contra el fisco. A raíz de esta denuncia, se abrieron diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, a las que se incorporó la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia y la ONIF.

En un primer momento, los trabajos de investigación, enmarcados en la operación denominada “Espíritu” se centraron en confirmar la hipótesis del delito contra la Hacienda Pública. Pero mientras avanzaba la investigación se descubrió un entramado empresarial desplegado en varias provincias españolas y formado por más de 60 sociedades. La mayoría de estos negocios estaban a nombre de testaferros, muchos de ellos delincuentes comunes que vivían en las 3.000 viviendas de Sevilla.

La base del negocio: eludir el IVA

El entramado societario estaba estructurado de manera que cada empresa tenía unas funciones determinadas. Las empresas denominadas “introductoras”, eran las encargadas de direccionar el producto al depósito fiscal. A continuación, las bebidas alcohólicas se trasportaban hacia los centros de distribución, que las comercializaban a un precio inferior al del mercado, eludiendo el 21% del IVA y, consecuentemente, creando “competencia desleal” en el mercado. La mayoría de las bebidas eran distribuidas a varios puntos de España, la mayoría con un importante interés turístico, como eran la costa este, Sevilla o Cádiz.

Además, había dos tipos de empresas: las “pantallas”, encargadas de desdibujar la ruta de las mercancías, así como de desvincular la actividad fraudulenta de los criminales; y las “truchas”, encabezadas por testaferros. Estas últimas eran las que recibían las reclamaciones de la Administración en referencia al impago del IVA correspondiente. Sin embargo, a pesar de las comunicaciones y peticiones por parte de Hacienda, nunca se obtenía respuesta por parte de los responsables de dichas organizaciones. De esta forma, el entramado llegó a acumular una deuda de 25 millones de euros con el fisco.

La investigación, que se realizó en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Girona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lleida y Guadalajara, se saldó con la detención de 43 personas, 4 de las cuales ingresaron en prisión sin fianza. A los detenidos se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental. En la operación se intervinieron más de 300.000 botellas de bebidas alcohólicas, por un valor de más de 4 millones de euros, se bloquearon varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos, muchos de alta gama.

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